El secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica, advierte que la Inspección de Trabajo puede aplicar esta campaña una norma tremendamente dañina para las explotaciones familiares, las más vulnerables, que perjudicará la economía de nuestro medio rural.
Unos «efectos devastadores» para el sector primario y el medio rural en general. El secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica, critica la normativa que obliga a cotizar como autónomo a todo el que tenga ingresos por su explotación agraria. Una modificación de la disposición sexta incluida en el Real Decreto 15/2020 de 21 de abril sobre medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, aprobada en el marco de la pandemia para flexibilizar las cotizaciones con la que Inspección de Trabajo comenzar a aplicar desde ya. «Se trata de una normativa que está vigente y que se traduce que cualquier persona que tenga ingresos por su actividad agraria tiene que cotizar obligatoriamente como autónomo. Consideramos que es una decisión tremendamente dañina que perjudica al sector primario y hundiría la economía del medio rural en general», critica Nicolás Chica
El secretario general de UPA Granada explica: «Por tener 1 euro de ingreso de la actividad agraria tienes que cotizar en el régimen de autónomos. Un sello que oscila entre 200 y 240 euros. Lo que es inadmisible es que el Gobierno de España meta en el mismo saco a todos por igual. No tiene lógica alguna porque se trata de personas cuyas explotaciones no les dan para vivir al 100 por cien, sino que les sirven de complemento. Si no se modifica puede tener unas consecuencias tan graves como que esa parte del sector, que por su pequeña dimensión no puede sustentar una cotización tan elevada, sufran un gasto extra de entorno a los 3.000 euros anuales cuando, además, en muchos casos ya estás cotizando por otra actividad. Ahora bien, confiamos en que la Administración rectifique y se dé una solución urgente a este grave problema», confía Nicolás Chica.
UPA Granada hace hincapié en que el perfil de agricultor y ganadero en la provincia responde a un «titular de explotación de poca superficie, temporal y para el que los bajos precios y q el incremento incesante de los imputs desde la pandemia ha originado una caída de rentas sin precedentes. Unas pérdidas que pueden ser todavía mayores si se le aplica alguno de los 13 tramos de ingresos que el Gobierno desea aplicar para fijar la cuota de autónomo. Además, nuestra provincia cuenta con comarcas áridas y muy poco productivas cuya actividad agraria se debe compatibilizar con el sistema de protección social para poder sobrevivir. Un cambio de inclusión al SETA conllevaría quedarse fuera del sistema y con ello fuera de las prestaciones», concluye Nicolás Chica.
